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Nueva legislación sobre plazos de pago


Este mes de julio ha entrado en vigor la Ley 05/2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En pocas palabras, la Ley establece que el plazo máximo de pago pasa a ser de 60 días, no pudiendo ser negociado entre las partes un plazo mayor. El texto, inspirado en la directiva 2000/35/CE de la Unión Europea, tiene como objetivo "prohibir el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor"

El uso de largos plazos de pago como herramienta de financiación es


una práctica muy extendida en nuestro país, especialmente en sectores como la gran distribución o la construcción. Así, es normal encontrar contratos en los se establece que los pagos se realizen 180 días (o más) después del suministro. Si la Ley se lleva a la práctica de manera efectiva, será de gran ayuda para muchas empresas que pasan apuros cada fin de mes al tener que pagar las nóminas, pues reciben el pago de sus servicios meses después de haberlos prestado. Claro que, si no es así, habremos perdido una gran oportunidad.

Intuyo tres posibles amenazas para que la aplicación de la Ley tenga éxito: la primera es que se repita lo que sucedió cuando se puso en marcha la conocida como "Ley Antitabaco", es decir, que se fomenten los comportamientos no legales (al no haber un control de la aplicación de la misma) y se penalice (de manera indirecta) a quien cumple las leyes (en aquel caso, a los propietarios de restaurantes que invirtieron en la reforma de sus locales. La segunda es que las Administraciones Públicas no sean un modelo a seguir (ahora, en este punto, es más bien lo contrario) Por último, existe el riesgo de que la picaresca haga que los contratos recojan condiciones de pago que no reflejen la realidad.

Como soy de naturaleza optimista, creo que la simple publicación de la Ley -y la reflexión y discusión que ha habido detrás- es ya un paso hacia adelante.